Juan Manuel Grijalvo - Impuestos
(Ultima Hora, 17 de mayo de 2003)
Hay muchas definiciones de la economía. Para mí,
es el arte de asignar bienes escasos a satisfacer necesidades reales. Muchas
son imaginarias. Y no pocas son, realmente... necedades.
Los fondos públicos también son bienes escasos. Al menos, no existen
en cantidades infinitas. Las administraciones los obtienen recaudando impuestos.
Olvidar
que el sistema tributario es una parte más de la economía es un
error que suele salir muy caro.
A los contribuyentes no les gusta pagar. Esperan algo tangible a cambio de no
poder comprarse un coche nuevo todos los años. La administración
tributaria funciona con diversos medios técnicos... y coercitivos. Ello
permite desviaciones de fondos y abusos de poder.
Por todo eso, "quan el bon Jesús anava pel món" los
recaudadores de impuestos ya tenían mala fama. Según los Evangelios,
Nuestro Señor Jesucristo apostrofa a los fariseos como sigue: "En
verdad os digo que los publicanos y las meretrices os preceden en el reino de
Dios" (Mateo, 21:31). Y todavía son un rancho aparte.
Según "El País", edición de 14 de diciembre de
1990, el secretario general de Hacienda de la época, don Jaime Gaiteiro,
dijo que la implantación del NIF había salido por mil doscientos
millones de pesetas, y que "Esta cifra me parece absolutamente rentable
si con ella hemos conseguido tener una clara información fiscal de prácticamente
todos los españoles mayores de edad".
Esta bonita y redonda cantidad debió ser el coste directo para el erario
público de fabricar aquellos curiosos distintivos azules y enviarlos
a direcciones que en muchos casos eran erróneas. Hubo grandes colas en
las administraciones de Hacienda para conseguirlos. Las empresas privadas tuvieron
que adecuar sus programas informáticos para la captura de los datos.
Todo esto fue especialmente duro para los bancos y las cajas de ahorros, que
habían de bloquear las cuentas de los clientes que no los presentasen...
después de guardar la cola correspondiente, claro.
El algoritmo del NIF pasó a ser de conocimiento público en un
plazo brevísimo. Más tarde le añadieron un "anagrama"
de cuatro letras. Como la captura de los datos se había vuelto tan engorrosa,
incorporaron también un código de barras a las etiquetas. Ahora
sólo falta que nos lo graben en la mano o en la frente (Apocalipsis,
13:16-18), y ya no importará que llevemos encima el DNI.
Una de las mayores diferencias entre las administraciones públicas y
las empresas privadas es que los burócratas no dan valor alguno al tiempo
de los "administrados". Las horas incontables de vida humana perdidas
haciendo colas, la tarea de buscar una letra en el teclado alfabético
del ordenador para completar el famoso numerito, la exigencia del "anagrama",
etcétera, no le cuesta dinero, trabajo ni tiempo al secretario general
de turno. Todo lo contrario: le parece absolutamente rentable... para Hacienda,
claro.
La ecotasa era una idea del mismo jaez. Quedaba muy mona en el programa electoral
del Pacte. Cuando sus "barandas" se encontraron instalados inesperadamente
en el gobierno de las administraciones, se dieron cuenta enseguida de que si
tenían que cobrarla por los métodos habituales, el módico
importe del tributo no cubriría el coste de recaudarlo. De forma que
convirtieron por ley a los hoteleros en publicanos "ad hoc", con las
implicaciones morales que hemos visto antes, y los pusieron por las buenas a
gestionar un impuesto asaz complicado.
A los hoteleros no les gustó. Para más inri, los políticos
delegaron en ellos y en su personal la campaña de "relaciones públicas".
Es decir, la gratificante tarea de explicar a los "sujetos pasivos"
las excelencias del asunto. Como vivimos en un Estado de derecho, pueden recurrir
leyes y decisiones administrativas ante los tribunales. Ahora la materia está
"sub iudice", y muchos no pagan. Los portavoces del Pacte se hacen
los locos. Y si dicen algo, es... para criticar a los hoteleros, naturalmente.
Desde el punto de vista de la higiene contable, gastar la ecotasa antes de recaudarla
es como vender la piel del oso antes de haberlo matado. Imagínese usted
que es el presidente de su comunidad de vecinos. Han acordado una mejora en
la finca. "Ipso facto", aprueban también un presupuesto especial
y la oportuna derrama. Lo suyo es que no haga usted ningún pago antes
de haber cobrado todo el importe. En estos casos, lo más divertido viene
cuando los que habían votado a favor no sueltan el dinero. Si emplea
usted los fondos ordinarios en aquella historia, le cortan la luz, los ascensores
no funcionan, etcétera, y sus vecinos lo lapidarán. La vida es
así.
Esto de la ecotasa puede acabar igual. Si se comprometen unos pagos, habrá
que hacer frente a los vencimientos. Si los fondos no existen... En fin, tampoco
sería la primera vez que alguna administración no cumple. Pero
no es lo suyo.
Por elementales razones de equidad, el lugar de residencia debería tener
un efecto neutro sobre la tributación. Usted ha de cambiar de domicilio
si quiere o si le conviene, no porque las autoridades de su lugar natal lo machaquen
a impuestos. La política fiscal no debería ser un arma de limpieza
étnica o de discriminación por niveles de renta. Para eso basta
- y sobra - con las "leyes del mercado". Me parecen aberrantes, miopes
y anacrónicos los intentos de tal o cual autonomía de "hacer
la competencia" a las vecinas con rebajas fiscales, o de recaudar impuestos
propios. Y más en estos tiempos de armonización europea. Sus efectos
indeseables se pueden observar ahora mismo en lo que ocurre entre los numerosos
ayuntamientos de la isla de Eivissa. Vila crece de un modo extraño, discontinuo,
porque la "atracción gravitatoria" de las zonas residenciales
sitas en municipios vecinos crea auténticas deformaciones en la trama
urbana.

Sobre el papel, eso de la ecotasa era muy bonito. Ponerlo en marcha costó
dos años de ardua labor legislativa y reglamentaria... y todavía
faltan los recursos judiciales. Asistimos, una vez más, al prodigioso
espectáculo de la legión romana maniobrando contra la legión
romana. Todos estamos de acuerdo en que las administraciones públicas
deben mantener algunos trozos de las islas en plan de reserva natural. Pero
me surgen dudas sobre que este impuesto concreto se haya montado de la mejor
forma posible. Otro día, si usted quiere, seguiremos hablando de las
numerosas vertientes fiscales de nuestro curioso sistema económico. Supongo
que los hoteleros nos lo agradecerán.
juan_manuel@grijalvo.com
Administración única en Eivissa...