Manuel Fraga Iribarne - Administración única

 

El País, 9 de mayo de 1992

 

Desde que decidí centrar mi actividad política y administrativa en Galicia, me dediqué, con la ayuda de serios equipos de trabajo, a idear lo que puede ser, en la teoría y en la práctica, el desarrollo de las autonomías regionales previstas en el título VIII de nuestra Constitución; primero, a través de los libros. blancos que sirvieron de base a nuestro programa electoral en Galicia, y después, a través de diversas intervenciones en el Parlamento de Galicia, en el Senado y en varios foros europeos.En todas ellas he reiterado mi convicción de que, en la Europa de hoy, se va a un sistema político más complejo y flexible que los que funcionaron en los dos últimos siglos; basado en una serie de ordenamientos jurídico-políticos, integrados unos en otros con arreglo a los principios de autonomía y subsidiaridad, en una línea continua que va desde las unidades municipales a la unión política europea, que a su vez se integra dentro del orden universal de las Naciones Unidas.

Dentro de esta concepción definida por el derecho vigente y por las realidades de nuestro tiempo, estoy convencido de que es necesario algún perfeccionamiento de nuestro Estado de las autonomías, la reforma más importante de todas las introducidas por la Constitución vigente desde 1978. Se trata de lograr que cada autonomía permita la autoidentificación de las realidades históricas, sociales y culturales que son Galicia, País Vasco, Cataluña o Andalucía, evitando la tentación del autoaislamiento y los vientos negativos del separatismo. Se intenta que, a cada nivel de gobierno y administración, cada uno pueda disponer de lo suyo, en un sistema de autogobierno democrático y responsable. Se ha de completar ello con la solidaridad de todos, a través de los oportunos mecanismos de equilibrio territorial y política regional compensatoria. Finalmente, todos han de participar en la formación de la voluntad política, participando, como tales comunidades autónomas, en las grandes decisiones de carácter nacional y europeo.

Esto no supone una visión nacionalista, sino autonomista; cada uno verá la intensidad con que reparte sus afectos; yo, por mi parte, me siento igualmente gallego, español y europeo, sin ninguna contradicción, reserva o complejo al respecto.

Sobre cada uno de esos cuatro puntos he realizado diversas contribuciones a lo largo de los últimos años. He insistido especialmente en el primero, cuando algunos tuvieron veleidades (movidas por vientos del Este) de promover mociones de autodeterminación. El Parlamento gallego fue el primero que se negó a entrar en ese juego suicida. Por tanto, nada de bromas; estoy dispuesto a recibir lecciones de todos y sobre todo, pero no en materia de patriotismo.

Otra cosa es que yo confunda el patriotismo con la centralización, la rigidez, la burocratización y la tecnocracia. El lograr "una más perfecta unión" entre los españoles, una mejor integración entre las unidades naturales e históricas que forman la nación española, ésa, es otra historia.

Por eso, desde Galicia, también hemos trabajado seriamente en el punto tercero (solidaridad), como pudo verse en las recientes negociaciones sobre financiación autonómica. También hemos hecho propuestas reiteradas en el cuarto punto, la participación; pidiendo la reforma del Senado, para hacer de él lo que pide la Constitución, una verdadera Cámara de representación territorial; el cumplimiento del artículo 131 de la Carta Magna, que establece un todavía inexistente Consejo a través del cual las autonomías pueden participar en la formación de la política económica general; así como el establecimiento de órganos adecuados a nivel europeo para que las regiones puedan intervenir en las grandes cuestiones comunitarias que directamente les afecten.

Finalmente, en cuanto al punto segundo, en el reciente debate sobre el estado de la autonomía, propuse, y así lo aprobó el Parlamento de Galicia, que estudiásemos, de buena fe, una mejor integración del sistema de nuestras administraciones públicas, hoy lleno de duplicaciones, desconfianzas e ineficiencias. Creo que el ir a una integración administrativa más perfecta es inevitable; y por supuesto que para ello habrá que realizar un estudio profundo de lo que es propio de cada nivel (municipal, provincial, autonómico, central, europeo). No parece que ello sea una propuesta descabellada ni, mucho menos, peligrosa.

Sin embargo, se han oído algunas voces de incomprensión y de rechazo, que creo deber contestar brevemente, olvidando por supuesto todo aquello que en un estilo que ya debería estar superado en una sociedad ,políticamente desarrollada haya podido confundir la injuria con el argumento.

Se ha dicho, por ejemplo, que se trata de una conversión a ideas nuevas o contradictorias con otras anteriores. Invito a los partidarios de estos argumentos ad homine a hojear mis libros "La crisis del Estado" (1953) y "Sociedad, región, Europa" (1947), a ver si mantienen después sus observaciones. Lo que sí es cierto es que procuro aprender todos los días e intento profundizar en las nuevas realidades cuanto puedo.

Otros han pretendido apuntar que mi propuesta es inconstitucional. No lo sería aunque propusiera una moderada reforma del texto constitucional; pero, en el caso presente, me he limitado a pedir que se haga un uso generoso y una interpretación extensiva del artículo 150.2 de la propia Constitución.

Alguno ha afirmado que quiero un Estado débil, ahora que mi participación en el Gobierno es a nivel regional. Nada más falso. El Estado español será mucho más fuerte concentrándose en sus propias funciones (política exterior, defensa, seguridad general, justicia, política económica general, seguridad social) que permitiendo pugnas menores entre funcionarios a la hora de apagar un incendio o de administrar un puerto.

Alguien ha planteado que con la propuesta de Administración única se pretendía limitar las competencias de ayuntamientos, diputaciones u otras unidades territoriales. Nada más falso; expresamente defendemos la descentralización y la desconcentración.

Finalmente, algunos han replicado que se trata de una propuesta discriminatoria, al reducirse a las comunidades históricas y dejando fuera a las demás. La verdad es la contraria, todo el mundo sabe que yo he apoyado, con mi partido, el pacto autonómico para resolver el problema de la elevación y equiparación de los techos competenciales de las autonomías que accedían a la misma por el artículo 143. Ahora de lo que se trata es de dar nuevos pasos hacia adelante, que parece lógico que se inicien con las autonomías que ya disfruten de mayor experiencia, pudiendo luego extenderse a todas las demás; o incluso ya, en los casos que expresamente he mencionado de las autonomías andaluza y valenciana.

Por tanto, mi propuesta es una invitación a un debate serio, ésa es la esencia y no otra cosa. Allá los que quieran despacharla por la vía de la descalificación. Cierto es que otros pensamientos serios de personas y grupos no teledirigidos han mostrado interés por la propuesta. Es cierto que el Estado no puede refundarse todos los días; no es menos cierto, que cuando no saben rejuvenecerse y readaptarse cada día, surgen las diferencias entre el país legal y el país real. En este tiempo no hace falta mucha imaginación para observar esa creciente diferencia, en medio de la indiferencia de muchos y del pesimismo de otros. Mi modesta proposición intenta abrir un camino (no el único) para salir de esa poco prometedora situación.

 

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