PDSTIB - Recuperar el transporte público, mejor para todos

Proyecto - Octubre de 2002

4. LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DEL DESEQUILIBRIO MODAL

4.1. La discriminación en el acceso a la movilidad.

Los desequilibrios del transporte insular e interinsular que se han descrito en los apartados anteriores se traducen en un conjunto de discriminaciones en materia de movilidad que, en la medida en que no son recogidas en las estadísticas oficiales, suelen pasan desapercibidas en los análisis de transporte. 

Donde los problemas de discriminación de movilidad son más serios es sin duda en el transporte terrestre. La carencia de transporte colectivo afecta gravemente al desenvolvimiento personal de los ciudadanos que por diversas razones no tienen acceso al automóvil privado. En las Islas Baleares sólo se realiza en transporte público el 11 por ciento de los viajes, pero dado que la mayor parte de estos viajes corresponden al autobús urbano, y que en general las distancias recorridas en vehículo privado son mayores que las recorridas en transporte público, no más del 5% de los kilómetros recorridos en Mallorca en medios mecanizados se realizan en transporte colectivo, y el 95% restante se realiza en vehículo privado, básicamente en automóvil. 

La condición que otorga plena accesibilidad al uso del automóvil privado es la disponibilidad de permiso de conducción. Como ya se ha indicado, los residentes en las islas Baleares contaban a 31 de diciembre de 2001 con 408.104 permisos de conducción para un parque de 738.368 vehículos, mientras que la población residente de derecho era de 841.699 personas, de las cuales unas 715.000 eran mayores de 14 años. Existían, por consiguiente, no menos de 315.000 residentes en las Islas Baleares con expectativas de movilidad independiente, que carecían de acceso autónomo al automóvil privado. 

Además, las encuestas de movilidad realizadas por el Govern han demostrado que un 25,7% de los hogares de las Islas Baleares no disponen de ningún automóvil, mientras que un 31,6% de los hogares disponen de dos o más automóviles. En Mallorca, a finales de 2000, el reparto de permisos de conducción y automóviles era el siguiente:

     Accesibilidad  social al automóvil. Mallorca 2000.

Además de la discriminación general entre la población poseedora de automóviles y permisos de conducción, y la que está privada de ambos o de uno de estos dos instrumentos, la polarización del modelo de transportes en torno al automóvil produce otras varias discriminaciones sociales:  

• una discriminación de género, en la medida en que en Baleares poseen permiso de conducción el 57% de los hombres, frente al 43% de las mujeres;
• una discriminación por edad, que afecta por un lado a los jóvenes, y por otro a los mayores, en la medida en que muchos conductores ancianos, incluso poseedores de permiso de conducción, dejan de conducir porque no se sienten seguros al volante;
• una discriminación por condiciones físicas, que afecta a las personas que padecen algún tipo de minusvalía que les limita o imposibilita la conducción de automóviles;
• y una discriminación por nacionalidad, en la medida en que los inmigrantes económicos experimentan dificultades especiales tanto para acceder al permiso de conducción como a la posesión de un automóvil.

El 5% de los kilómetros recorridos en transporte colectivo al que se aludía más arriba es toda la producción de transporte que pueden disfrutar estos grandes colectivos ciudadanos de modo independiente y autónomo. Además, esa producción de transporte es, en términos generales, de una calidad muy inferior en términos de tiempos de recorrido, confort, etc., a la producida por los automóviles privados. Fuera de esos mínimos recursos de transporte, los ciudadanos sin coche dependen para moverse de que algún conductor les transporte en su automóvil, o simplemente tienen que resignarse a vivir con una movilidad drásticamente limitada. 

Estos datos de la realidad social del transporte, que rara vez se pueden leer en España en documentos oficiales como el presente PDSTIB, indican que la creación de una red de transporte público eficiente y digna no es sólo una necesidad económica o ambiental, sino que es, ante todo y sobre todo, un derecho personal y ciudadano que le ha sido conculcado a una suma de minorías que en conjunto suman una mayoría social, y que el Govern Balear está decidido a restituir.

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4.2. Los efectos sobre la seguridad del transporte...