Plataforma Antiautopistas  -  Peaje en la sombra

 

Es innegable que el desarrollo de las infraestructuras viarias va parejo a la evolución económica de un país o de un territorio determinado. Pero, ¿cuál es la mejor fórmula de construcción y gestión de éstas? ¿Quién debe financiar las obras y el mantenimiento de las carreteras?

Hablar de peaje es hablar de uno de los métodos de pago de autopista más impopulares del momento. Sin embargo, el peaje directo es infinitamente más justo que el peaje en sombra, basándonos en la máxima: Las carreteras no son gratuitas, o se pagan con el dinero de los usuarios (peaje), o con el de los contribuyentes (impuestos).

Si en Eivissa hubiera autopistas, los usuarios que se beneficiaran de esas infraestructuras deberían ser quienes las pagaran. Por ejemplo, sería justo, que los extranjeros que visitan nuestra isla paguen por las vías de que disfrutan, tal y como ocurre cuando los españoles viajan a Europa: las cifras lo confirman. En Francia, un 73% de las autovías son de peaje y en Italia, un 87%. En España, sólo un 24% de las autovías son de peaje y éste se quiere eliminar, como veremos más adelante.

 

¿QUIEN PAGA LAS CARRETERAS?

 

La financiación para la construcción y mantenimiento de las carreteras en España procede de dos fuentes: pública o privada. La fuente pública llegaba, principalmente de la partida correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado, donde se incluyen los fondos de la Unión Europea para infraestructuras (Fondo de Cohesión y FEDER - Fondo Europeo de Desarrollo Regional -). Pero, ¿de dónde sale el dinero para pagar la construcción y el mantenimiento de los kilómetros restantes? Es decir, ¿quién está detrás del resto de la financiación? La respuesta es sencilla: está en manos privadas, a través de una concesión. Sin embargo, los tipos de concesión y la forma de pago a estas compañías concesionarias dan mucho de qué hablar.

El proceso para conseguir una concesión es sencillo. Hay que presentarse a un concurso que ofrece cada administración a través de los diferentes boletines oficiales. Las ofertas de las empresas privadas tienen que tener en cuenta el estudio económico-financiero, que elabora el organismo concedente (administración central, comunidades autónomas…). A partir de ahí, se abre la puja para la presentación del proyecto que incluya el diseño, la construcción y la explotación posterior del tramo de vía que se licite. Para financiar estas obras, las compañías concesionarias se surten de fondos bancarios o de otras formas de cobro como el peaje directo o el peaje en sombra.

Sin embargo, no hay que confundir el peaje directo con el peaje en sombra. Pese a que ambas formas de gestión de infraestructuras son impopulares, la primera forma está más o menos asumida en nuestro país: se paga por el uso y punto. Pero la segunda forma puede ser una peligrosa arma en manos de políticos, ya que es tremendamente manejable.

El denominado peaje en sombra consiste en que el Estado o la Comunidad Autónoma promuevan una obra y la presenten a concurso público (hasta aquí, como el peaje directo). Sin embargo, una vez adjudicada la operación, la empresa concesionaria se ocupa de la construcción. El Gobierno de turno ha pactado con la concesionaria un canon que deberá pagar durante cierto tiempo (unos 25 años) a razón de los vehículos que utilicen cada mes esa infraestructura.

Este modo de peaje es más popular que el directo, ya que el usuario no paga por la carretera que utiliza de manera habitual. Sin embargo, el pago lo efectúa la Administración con el dinero de los contribuyentes. Es decir, se rompe el principio de “quien usa, paga” y se pasa al “la use o no, pago por ella”.

Un ejemplo de este tipo de gestión y de los problemas que ha ocasionado lo encontramos en la recientemente inaugurada M-45, en la Comunidad de Madrid. El Gobierno autonómico había pactado pagar 0,54 euros por cada vehículo que utilizara la vía. Al parecer, como los cálculos para la obra de la vía se hicieron a la baja, las empresas constructoras (concesionarias del peaje en sombra) han necesitado más dinero para realizar la obra y, por tanto, han tenido que renegociar el canon con la Comunidad de Madrid. Como resultado, ahora cobrarán a la institución autonómica 0,75 euros por cada automóvil que use la infraestructura. Si no hubiera sido por ésa, buscarían otra razón, el caso es quedarse con el dinero del contribuyente y cuanto más mejor.

 

LA CEOE ENTRA EN EL JUEGO

 

Este modo de concesión reporta jugosos dividendos a las empresas privadas concesionarias. Hace apenas un par de semanas la CEOE ha propuesto un plan de infraestructuras de 23.350 millones de euros, de los que ellos se comprometen a financiar el 90%. D. José María Cuevas y D. Enrique Aldama, presidente de la patronal de grandes constructoras, han asegurado que el actual ministro de Economía y la titular de Fomento han acogido “muy positivamente” el proyecto. Esperemos que Zapatero no dé su visto bueno al mismo porque la iniciativa incluye el pago por el Estado a estos financieros de un mínimo de 900 millones de euros anuales durante cuarenta años, mediante el sistema de peaje en la sombra. Sería lamentable que el PSOE, en esta su nueva etapa de limpieza y transparencia en las cuentas del Estado, fuera a caer en las garras de estos usureros a “largo plazo”.

De lo que no nos cabe la menor duda es que el Partido Popular está a favor del tipo de concesión en sombra. De hecho, ha arremetido en numerosas ocasiones contra el peaje directo de Cataluña, por ejemplo. Durante el Gobierno de Aznar, la Administración Central hizo campaña para que se bajara el precio de los peajes en pro de los usuarios, mientras por otro lado subía el IVA que grava los peajes del 7% al 16%, pidiendo que fuera asumido por las empresas concesionarias. Todo ello incomprensible en un partido de derechas, defensor a ultranza de la economía de mercado, si no fuera porque pretende el fracaso y liquidación del peaje directo para llegar al verdadero gran negocio: sacar beneficio no solo de la construcción de la obra pública sino también de su financiación, y todo a cuenta del bolsillo de los ciudadanos, de todos, de los de a pie y de los de en coche. La fórmula es sencilla: peaje en la sombra.

 

NUESTRA PROPUESTA

 

El Govern Balear está empeñado en sacar adelante unos proyectos de un tipo de carreteras que para esta isla, además de innecesarios, son totalmente descabellados. Hasta hoy nos hemos limitado a decirles a nuestros gobernantes, aunque hayan hecho oídos sordos, que ni Eivissa ni los ibicencos pueden aguantar la agresión que esos proyectos supondrían al territorio, al ecosistema, a nuestro patrimonio, a la propiedad de los afectados y a la calidad de vida de todos los que habitamos esta pequeña isla. Ahora queremos decir a nuestras autoridades y a la opinión pública que los ibicencos, o al menos nosotros, no podemos, no debemos y NO QUEREMOS PAGAR ESAS CARRETERAS, en beneficio de intereses privados o ajenos a nuestra comunidad.

No nos dejamos engañar por aquellos que, ante los últimos acontecimientos, se felicitan o se rasgan las vestiduras: Nosotros sí queremos el Convenio de Carreteras y que se use para arreglar esas carreteras y, mejor, todas las de la isla, que urge, pero de una forma razonable y ajustada a nuestras necesidades. No nos engañan porque sabemos que con Convenio o sin Convenio y gobierne quien gobierne en España, nunca el Estado va a pagar a un pequeño territorio de 500 Km. cuadrados y 100.000 habitantes casi 200 millones de euros por tres mini proyectos de poco más de 20 Km. Es de cajón: en justa correspondencia, supondría que el Ministerio de Fomento, para un territorio mil veces superior, dispone de un presupuesto superior al del de los Estados Unidos.

Además, como con la ampliación, España ha dejado el furgón de cola de la UE, ya no podemos esperar que nos lleguen sus Fondos de Cohesión. Razón ésta, como han reconocido sus dirigentes, por la que la CEOE y la patronal de autopistas se hayan lanzado como buitres (con su plan de infraestructuras) al pastel que se avecina de la posible falta de financiación del Estado de los proyectos de carreteras.

Sabemos, y mejor lo sabe el Partido Popular, que en estas circunstancias y ante su empecinamiento en “colocarnos” esas Autopistas, desdoblamientos o como quieran llamarlas van a recurrir al peaje en la sombra, pero nosotros no lo vamos a consentir y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas y todos los medios legales a nuestro alcance contra esos proyectos y ese tipo de peaje, que supone “endeudar el futuro de nuestros hijos”, porque el plazo de concesión es amplísimo y el coste es variable a lo largo de los años. Esto implica que, como no se puede calcular con anterioridad la partida que hay que destinar para cada una de las concesiones (no se sabe cuántos coches van a utilizar la infraestructura), el Govern deberá disponer de un remanente, para no dejar al descubierto estos pagos. Dicho montante en reserva podría ser utilizado para otros fines sociales, fines que como la Educación o la Sanidad están tan abandonados por nuestros gobernantes.

Proponemos al Consell d’Eivissa i Formentera que reconsideren su postura, que se olviden de intereses ajenos a los de los ciudadanos que representan, que se sientan ibicencos y retiren esos proyectos que nos pueden perjudicar tanto a todos y que pidan que se renegocie el Convenio de Carreteras en las mejores condiciones posibles para nuestra isla y se arreglen todas las carreteras de acuerdo con nuestras necesidades reales, sin causar perjuicios irremediables al entorno o a sus habitantes.

Proponemos a la sociedad ibicenca que nos apoye, que comprenda nuestras razones y vea que no somos unos “antitodo” como dicen ellos, que no nos mueve ninguna idea egoísta ni partidista y que solo queremos el bien de Eivissa y el progreso y bienestar de todos nuestros convecinos de esta maravillosa isla, y si no nos creen, les pedimos que vean los proyectos, que se enteren y luego juzguen y actúen, pero antes de que sea tarde, antes de que la echemos a perder.

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