Francesc Narváez Pazos - Una ley para el taxi

 

Ni la liberalización a ultranza ni el puro intervencionismo
garantizan un servicio de calidad

 

La Vanguardia, 09/02/2002

 

El debate sobre la conveniencia de que la Administración intervenga y regule determinados sectores de actividad aparece y desaparece periódicamente. Los defensores de la liberalización sostienen que el intervencionismo administrativo genera ineficiencias y, a menudo, grandes costes y que la Administración debe dejar en manos de los particulares aquellos servicios que éstos pueden prestar, bajo la convicción de que los operadores privados darán un mejor servicio a los ciudadanos. Sin embargo, recientes ejemplos de liberalización nos demuestran que no siempre es así. Casos como el ferrocarril británico, la energía eléctrica en California, o, sin ir más lejos, en Cataluña, ponen de manifiesto que la dejación en manos privadas de servicios de interés general genera notables descensos en la calidad y provoca que se tomen decisiones basadas en criterios estrictamente privados, no siempre coincidentes con el interés general.

En España, el servicio de transporte mediante taxi es una actividad de interés general que por su carácter estratégico está reservada al ámbito de competencias de las entidades locales. Y es evidente que a éstas, en tanto que responsables de velar por unos servicios ciudadanos suficientes y de calidad, no les es indiferente cómo se preste el servicio.

El debate surge cuando, desde determinados sectores, se argumenta que lo anterior es compatible con la liberalización. Pero resulta curioso comprobar cómo los defensores de la aplicación de los principios de la libertad de empresa olvidan referirse a la existencia de limitación en el número de licencias. Hoy, como contrapartida de la intervención administrativa, el número de licencias para el ejercicio de la actividad está contingentado. Si quieren aplicar coherentemente los principios de la libertad de empresa y dejar que el sector se regule por las leyes del mercado, deberían convenir que la contingentación ha de desaparecer y dejar que el mercado decida en cada momento cuántas licencias han de existir.

La necesidad de garantizar una correcta prestación del servicio exige de los poderes públicos la adopción de medidas que garanticen el justo equilibrio entre los distintos intereses en juego: el de los ciudadanos a tener un servicio adecuado y el de los operadores a tener seguridad jurídica y a obtener una rentabilidad por su negocio. Ni la liberalización a ultranza ni el clásico intervencionismo lo garantizan. Es preciso definir -mediante una ley- un modelo que combine lo bueno de ambos sistemas y deje de lado sus aspectos negativos.

El servicio del taxi es un transporte de interés general. Para preservar los principios de publicidad, no discriminación e igualdad de oportunidades, la Administración ha de decidir a quién deben adjudicarse las licencias, sin perjuicio del derecho del transmitente a percibir una compensación económica fijada por mecanismos de mercado. La normativa debe fijar los requisitos mínimos que deben cumplir los vehículos, los derechos y obligaciones de usuarios y operadores, así como el régimen sancionador. Finalmente, el servicio debe estar sujeto a tarifas, única forma de hacer posible que el usuario conozca lo que le va costar el transporte elegido, y que al mismo tiempo garanticen suficientemente la rentabilidad del negocio. Si no se tienen en cuenta todos estos elementos de reflexión estaremos, con toda probabilidad, ante un sector sin ley.

F. NARVÁEZ PAZOS, presidente del Institut Metropolità del Taxi

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