Juan Manuel Grijalvo - Día sin coches, 2006
Ultima Hora, 24 de septiembre de 2006
El presente texto se refiere a sucesos ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Supongamos que usted y yo vivimos en un edificio muy antiguo y muy monumental, pero un tanto pasado de moda. Las necesidades de la vida moderna hacen imprescindible que la Comunidad de propietarios acometa de una vez el "aggiornamento", una reforma de bastante calado. Por ejemplo, hay una escalera y un ascensor. En ocasiones, resultan insuficientes para permitir el acceso de los vecinos y, sobre todo, del creciente número de visitantes que vienen en tropel a contemplar nuestra hermosa finca. De manera que la Comunidad decide nombrar un Administrador. El día de la junta se presentan varios candidatos. Uno de ellos nos propone un Proyecto de mejora de la accesibilidad del edificio. No describe exactamente los medios a usar y no cuantifica el presupuesto. A pesar de ello, resulta elegido por mayoría absoluta. Usted y yo nos vamos del local donde se ha celebrado la junta, nos volvemos a nuestros domicilios y nos seguimos ocupando de nuestros asuntos particulares.
La siguiente noticia que tenemos usted y yo es que el Administrador ha contratado una Empresa para que instale ascensores en las fachadas de la casa. Para ello será preciso romper los balcones y ciertas partes de algunas viviendas. Cuando usted y yo nos presentamos en su despacho para pedir información, nos dice con malos modos que no tiene los planos de la reforma, y nos da a entender que no nos los dejaría ver si los tuviese. Volvemos a casa, francamente alarmados, y ponemos al corriente de la situación al resto de los comuneros. Poco a poco, vamos averiguando más detalles. La cosa resulta ser peor de lo que parecía a primera vista. Algunos vecinos tendrán que dejar sus pisos para siempre, porque los pozos de los ascensores invaden sus viviendas y las vuelven inhabitables. El Administrador les dice que no se preocupen: la Empresa les construirá otras casas idénticas a las suyas en otra parte de la finca. El aserto es acogido con cierto escepticismo.
La perplejidad de los vecinos aumenta todavía más cuando se enteran de que los camarines de los ascensores no serán de cuatro plazas, sino de veinte. Al parecer, la Empresa está especializada en resolver la accesibilidad de hospitales, grandes almacenes y otros edificios que generan tráficos muy intensos. Los planos de la reforma los ha trazado un equipo de ingenieros que no ha visto nuestra casa ni en pintura. En estado de abierta rebelión, los vecinos nos reunimos y empezamos a cavilar sobre el modo de impedir la ejecución del Proyecto.
La primera sorpresa es que el Administrador se niega en redondo a reconsiderarlo. Dice que está nombrado por mayoría absoluta, que la ley está de su parte y que él es el que corta el bacalao. Los vecinos, cada vez más indignados, recogemos firmas para instar la retirada del Proyecto y las entregamos en su despacho. El Administrador las archiva en la papelera.
Y de pronto, alguien cae en la cuenta de que nadie sabe aún a cuánto asciende el presupuesto. Cuando se le pide el dato, el Administrador nos dice que no nos preocupemos, porque nuestro edificio es un monumento de gran importancia. Está declarado Patrimonio de la Humanidad, y el Estado proveerá los fondos precisos mediante un convenio. Nos informamos del asunto, y resulta que el tal convenio está denunciado por el Estado, a causa de varios flagrantes incumplimientos por parte de nuestro Administrador. Cuando se le comunica este detalle, que no deja de tener su importancia, responde que no nos hace falta para nada la colaboración financiera del Estado. Con encomiable generosidad, la Empresa llevará a cabo los trabajos sin cobrar precio alguno. Se conforma con que la Comunidad abone un módico peaje cada vez que alguien suba en los ascensores, sea o no vecino de la finca, durante los próximos veinticinco años tan sólo. Cuando se le recuerda que su nombramiento expira al final del ejercicio, y no dentro de cinco lustros, el Administrador nos responde que tiene mayoría absoluta y que va a seguir cortando el bacalao, por más que cuatro gatos pretendan oponerse a su Proyecto.
Ante la incredulidad general, la Empresa da principio a las obras. Sus máquinas empiezan a derribar diversas partes de nuestro edificio. Cuando los afectados piden ver las actas de la junta donde se autorizan estas demoliciones, los empleados del Administrador exhiben unos papelitos que no llevan la firma de nadie. Consiguen algún cese parcial y temporal de los trabajos. Pero la Empresa tiene muchos recursos. A veces con nocturnidad, a veces con alevosía, las máquinas van destruyendo las fincas, ensañándose en especial en las de quienes se han opuesto más firmemente al Proyecto.
Diversos propietarios interponen demandas judiciales. En algunos casos son archivadas sin más, y en otros siguen su curso, sin que ningún magistrado llegue a pronunciarse nunca sobre las materias de fondo: la más que discutible utilidad de las obras para los vecinos y para los visitantes, el exorbitante precio que calcula la Empresa, el inmenso e injustificable lucro privado que comporta el aberrante sistema de financiación escogido por el Administrador, etcétera. Por otra parte, nada de ello figuraba en el Proyecto que nos había leído cuando presentó su candidatura... Proyecto que, por otra parte, resulta imposible de encontrar. No nos habíamos guardado una copia, y el Administrador no deja ver la suya a nadie.
Con la Ley de la Propiedad Horizontal en la mano, ¿qué podríamos haber hecho en la comunidad de vecinos? Pues mire usted, es muy sencillo. El artículo 12 dice:
"Los propietarios elegirán entre ellos un presidente, que representará
en juicio y fuera de él a la comunidad en los asuntos que la afecten.
El presidente actuará al propio tiempo como secretario y administrador
si los estatutos no determinan o los propietarios no acuerdan elegir a otras
personas para desempeñar dichos cargos, que a su vez podrán recaer
en una misma persona.
El administrador o secretario administrador podrá no pertenecer a la
comunidad de propietarios.
Salvo que en los estatutos se disponga otra cosa, estos nombramientos se harán
por un año, prorrogable tácitamente por períodos iguales.
Los nombrados podrán, en todo caso, ser removidos en junta extraordinaria
de propietarios convocada al efecto".
Para deshacerse de un mal administrador basta convocar una junta extraordinaria, poner un punto relativo a su cese en el orden del día, votarlo y, si hay mayoría en el acuerdo... yattá.
Y hasta aquí la ficción. Cuando fui administrador de una comunidad pedí un presupuesto para cambiar los aparatos de mando de los ascensores. Parecía una mejora útil; la escalera estaba pensada para viviendas, pero había cada vez más oficinas, que atraen y generan mucho más tráfico que su piso de usted o el mío. Resultó que el cambio implicaba reemplazar todas las botoneras, rehacer el cableado y unas cuantas cosas más. En total, cosa de un millón de las antiguas pesetas, a repartir entre veinte comuneros. La junta sopesó ese coste contra la incomodidad de esperar un poco más el ascensor de vez en cuando, y la propuesta fue desestimada. Supongo que si yo hubiera decidido autorizar aquel gasto por mí mismo, contraer una deuda, etcétera, mis vecinos habrían procedido judicialmente contra mí. Punto pelota.
Otro día, si usted quiere, podemos seguir hablando de... ficciones, naturalmente. La realidad es mucho más increíble.
Observará usted que este año tampoco hemos dicho nada del "Día sin coches", ni de la "Semana de la movilidad sostenible". Y es que deberíamos celebrar el "Día sin peatones": un día en el que esté prohibido ir andando a ninguna parte. ¿Que le parece una tontería? Pues ya lo ve usted: es lo que estamos intentando todos los días del año, incluido éste... Así nos va.